Vuelve
a ser noticia el tema de la corrupción. Ya no por el caso de enriquecimiento
ilícito y delincuencia organizada que se sigue a ex funcionarios de
PetroEcuador sino al pago de millonarios sobornos que entre el 2007 y el 2016
la empresa brasileña Odebrecht habría realizado a algunos funcionarios para
conseguir contratos de obras. Esta información reposa en un documento del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En
este informe, el cual forma parte del juicio que se sigue en los Estados Unidos
en contra de los directivos de la firma Odebrecht y su filial BRAKEM, se
confirma el pago sobornos a autoridades, políticos y funcionarios públicos de
Brasil, Argentina, Venezuela, Angola, Mozambique, Guatemala, México, Panamá,
República Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador. Como resultado de estos actos
ilícitos, la firma constructora obtuvo beneficios por más de USD 1400 millones.
En el caso de Ecuador, la suma asciende a USD 33,5 millones. Por ello la
compañía tuvo un beneficio de USD 116 millones.
Todo
esto se realizaba, según consta en este documento del Departamento de Justicia,
a través de una “División de Operaciones Estructuradas”. Los pagos se hacían en
efectivo o a través de transferencias de empresas relacionadas ubicadas en
paraísos fiscales. Pese a la gravedad de estas evidencias, la reacción del
presidente Rafael Correa ha sido penosa. “El gobierno ecuatoriano no aceptará
la versiones de los directivos de la Odebrecht”, dijo en un comunicado del
pasado lunes.
En
lugar de pedir una pronta y exhaustiva investigación en lo que se perfila como
uno de los casos más grandes de corrupción conocidos en América Latina, Correa
tiende a desestimar, con la finalidad de que no le afecte a su imagen y
proyecto político. De igual modo, la presteza con que han actuado en este caso
las instancias de fiscalización y control como fiscalía, contraloría y procuraduría
ha sido decepcionante.
Eso
se concluye al comparar con las acciones que han tomado otros países de la
región. En el caso del Perú, la Fiscalía solicitó información a su par de
Brasil en julio de este año (nuestro fiscal lo acaba de hacer recién en días
pasados). A más de ello, la Procuraduría peruana ya tiene un expediente
completo de este caso, recibido de parte del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos. En Colombia, la Fiscalía cuenta con un grupo de tres fiscales
de alto nivel y 20 investigadores para seguir la pista de este escándalo de
corrupción, el cual no solo se extiende al actual gobierno sino incluso al de
Álvaro Uribe. En el caso FIFA-Gate, si no hubiese sido por la acción de la
justicia norteamericana, todo habría quedado en la impunidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario