BRASILIA.- El Tribunal Supremo de Brasil
retomará los trámites para oficializar las declaraciones de exdirectivos de la
empresa Odebrecht sobre la corrupción en Petrobras, interrumpido tras la muerte
del instructor del caso, informó hoy la propia corte.
El reinicio del proceso ha sido autorizado
por la presidenta del tribunal, Carmen Lúcia Antunes, y dará continuidad a una
serie de declaraciones que los antiguos responsables de la constructora deben
prestar ante el Supremo, antes de ser homologadas.
Ese trámite se paralizó tras el accidente
aéreo ocurrido la semana pasada en el que falleció el juez Teori Zavascki,
instructor de la investigación en Petrobras en la Corte Suprema.
Las declaraciones serán tomadas por el equipo
que trabajaba en el caso con Zavascki, lo que evitará retrasos en la
instrucción del considerado como el mayor proceso anticorrupción de la historia
de Brasil.
Durante esas entrevistas, los exdirectivos de
Odebrecht deberán confirmar las declaraciones que ya prestaron al Ministerio
Público, cuyo contenido está bajo secreto judicial pero que, según fuentes
citadas por la prensa local, pueden tener un efecto devastador en la política
nacional.
Según diversas fuentes, esos testimonios,
ofrecidos en el marco de acuerdos de cooperación judicial, pueden desvelar la
actuación en esa trama corrupta de unos 200 políticos, entre los cuales se
afirma que hay tanto diputados, como senadores y gobernadores.
Las revelaciones pudieran alcanzar incluso al
presidente del país, Michel Temer, quien según la prensa local ha sido acusado
por uno de los declarantes de recibir dinero de la corrupción para campañas
electorales, al igual que algunos de sus actuales ministros.
La presidenta de la corte aún tiene pendiente
la designación de un nuevo instructor, que en principio sería el responsable de
la homologación de las declaraciones, lo cual le daría el carácter legal
necesario para que esos testimonios sean usados en la investigación.
Según las normas que rigen el proceso, una
vez homologadas, las declaraciones deberán ser publicadas y su contenido
remitido a la Policía Federal para las correspondientes investigaciones.
La propia Odebrecht, así como otras grandes
empresas que formaron parte de la red corrupta que se instaló en Petrobras, ha
reconocido que durante años obtuvo numerosos contratos amañados con la estatal
petrolera, que le eran adjudicados en forma fraudulenta.
Esos acuerdos implicaban inflar los valores
de los contratos y repartir luego la diferencia con exdirectivos de la propia
Petrobras y con políticos que amparaban y facilitaban esas irregularidades.
Hasta ahora, la justicia ha comprobado que en
la trama corrupta participaron decenas de políticos de los más importantes
partidos del país, así como una veintena de grandes empresas, en su mayoría
constructoras.
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